Aspectos Políticos

CONFLICTO CONSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA:

ENTRE LA INCLUSIÓN Y EL CINISMO

Por:

Karina Mariela Ansolabeherecv

Francisco Valdés Ugaldecv


edición

Contenido

1. Consideraciones generales
1.1 El problema en la literatura.
1.2 Consolidación democrática.
1.3 Calidad democrática.
1.4 Más allá de la literatura.

2. Democratización, constituciones y derechos
2.1 Texto constitucional y derechos
2.2 Efectividad de los derechos
2.3 Constitucionalidades. La credibilidad del compromiso

3. Algunos comentarios finales
Bibliografía
Anexos

1. Consideraciones generales

Con el avance de la democratización de los sistemas políticos de América Latina, el momento actual ha definido en la agenda científica el problema de la “consolidación” (Diamond et. al . 1997 ) y la calidad democrática (O´Donnell et. al, 2004; Diamond y Morlino, 2005; Morlino 2007). Estos conceptos admiten muchas variantes.

Una de ellas que ha sido poco explorada es la del conflicto constitucional. Las constituciones, tienen una doble función, por una parte son la norma máxima del sistema jurídico, la norma que da coherencia al sistema, y, por otra parte, son expresión de un acuerdo político sobre las reglas que articularán las relaciones al interior de la comunidad política: fundamentalmente las relaciones entre gobernantes y gobernados, y entre órganos del estado (Guastini, 2003). Aquí nos centraremos en el análisis de las constituciones en esta segunda acepción, como expresión de un acuerdo político. La segunda acepción es considerada como el punto terminal al que debería llegar el acuerdo: formulación de reglas vinculantes acordes con él. No desconocemos que las constituciones son la formalización de las reglas fundamentales de un Estado, en la cual se inscriben o de la cual se derivan todas las reglas vinculantes de observación obligatoria para todos los miembros del cuerpo político, pero la adecuación o inadecuación entre acuerdos y normas es aquí la clave heurística del análisis. Por ello la noción de conflicto constitucional adquiere centralidad, ya que supone que los acuerdos constitucionales, son productos de conflictos. Así, siguiendo a Valdés Ugalde (2009), entenderemos como conflicto constitucional a:

“… la creciente disposición estratégica de los actores políticos respecto de las normas que definen el llamado “pacto constitucional.” Si aceptamos que este pacto constituye un arreglo estable bajo ciertas condiciones, la presencia de situaciones más o menos permanentes de conflicto en su seno supone una crisis de la estabilidad del arreglo, definida por la irrupción de fuerzas con poder para alterar las reglas y términos del pacto constitucional. Cuando ocurre algo semejante, estamos frente a una crisis de equilibrio en la que las fuerzas activas en él buscan condiciones y estrategias para crear un nuevo equilibrio.”

Pensar la dinámica política latinoamericana en clave de conflicto constitucional, lleva aparejado, entre otras cosas la consideración de tres factores: a) los textos constitucionales como expresión de estos conflictos, b) la lucha por alterarlos en su contenido y , c) la efectividad (o inefectividad) de las disposiciones constitucionales en términos de su cumplimiento y actualización. El espacio que contiene a los textos constitucionales y su operación específica en el poder político y en las relaciones sociales se puede denominar como constitucionalidad, que no es sino la expresión de un determinado equilibrio entre los actores políticos y sociales de un país. Aquí nos centraremos en un tipo de equilibrio, o mejor dicho de disputa por el equilibrio, el relacionado con la relación entre gobernantes y gobernados. La pregunta que buscaremos responder a lo largo de este texto es ¿Qué pasa con los ciudadanos bajo sistemas políticos operados por autoridades electas por ellos mismos? A partir de los procesos de democratización ¿qué estatus constitucional tienen los ciudadanos y cómo se traduce este en la realización de sus derechos?

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1.1 El problema en la literatura.

Ha sido la franca entrada en casi toda América Latina de sistemas electorales competitivos como regímenes de decisión sobre quién debe gobernar lo que ha mostrado las insuficiencias de los sistemas políticos y de los textos constitucionales respecto a la democracia en general como régimen de vida política. El problema sigue siendo cuál es la “unidad” de decisión: ¿el ciudadano y los poderes que de él emanan?, ¿las élites oligárquicas?, ¿los militares?, ¿los grupos de interés económico?

El valor central normativo de la democracia es la igualdad política de los ciudadanos en la constitución del Estado representativo mediante métodos democráticos. A este valor debe corresponder, como solución de continuidad, modalidades de toma de decisiones de gobierno y política pública que reflejen de modo aproximadamente simétrico la agregación de preferencias que caracteriza a todo régimen de libertad y democracia política.

Es cierto que toda la literatura de la teoría democrática observa que esta condición de igualdad y simetría no se cumple prácticamente en ningún caso. De ahí que se deriven tres actitudes distintas respecto del mismo problema. La primera que considera que en lugar de democracia lo que existe son distintas formas de poliarquía (Dahl 1991). La segunda concibe a la democracia como un ideal que podría ser alcanzado a partir de una evolución social y política que supere las formas del orden actualmente existentes (Dahl 2006, Lijphart 1999, Urbinati 2006). Y la tercera que asume que la democracia sólo puede ser tal y como la observamos actualmente, una forma de reclutamiento de elites gobernantes y que debemos limitar el concepto estrictamente a la organización del sistema electoral y de partidos (Riker 1982, Schumpeter 1942).

Pero también hay consenso, aún entre las versiones minimalistas de la democracia, de que la realización de los derechos en el sistema jurídico que se organiza desde las constituciones y en función de ellas es una clave esencial para entender de qué modo las sociedades encaran los conflictos que se originan en necesidades y demandas traducidas en exigencias de derechos y, eventualmente, en normas legales de cumplimiento obligatorio y hechas cumplir por autoridades facultadas para ese fin. De ahí que lo que denominamos conflicto constitucional sea el problema de cómo se destruyen o construyen acuerdos políticos para la constitución del orden político básico y para hacer en él presente, mediante su inscripción en el orden jurídico, los derechos considerados legítimos por sus demandantes.

Las dos grandes corrientes de análisis de los procesos de democratización en América Latina pusieron el énfasis, mayormente, en los movimientos, mecanismos e instrumentos conducentes a establecer sistemas electorales y de partidos capaces de mantener un estándar de competitividad política que hiciera posible la alternancia entre partidos y las bases esenciales de una poliarquía. La literatura de las transiciones se concentró en describir, inventariar y comparar las diferentes vías de paso del autoritarismo a la democracia. Los trabajos sobre la consolidación se han enfocado principalmente hacia la estabilidad de los sistemas electorales y la gobernanza democrática, entendida como el entramado institucional que permite mantener la democracia electoral enraizada en el status quo.

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1.2 Consolidación democrática.

Luego de los estudios sobre transiciones desde el autoritarismo, emergió un nuevo cuerpo de literatura bajo la noción de consolidación democrática. Su problema central estuvo relacionado con la propia definición del concepto. Para algunos autores la consolidación democrática indicaba la estabilidad y sobrevivencia del régimen democrático, mientras que para otros se refería al funcionamiento de las instituciones democráticas.

En general, la versión más acabada de consolidación democrática está asociada con la estabilidad de las democracias, es decir, una democracia está más consolidada a medida que sobrevive a través del tiempo (ver Schedler 1998)

Con base en lo anterior, los estudios empíricos existentes intentaron responder ¿por qué algunas democracias son más estables que otras? Los principales hallazgos de estas investigaciones fueron los siguientes.

a) Las causas de la quiebra del autoritarismo y la transición a la democracia son diferentes de las causas de la consolidación democrática, esto es, los elementos que impulsaron la transición democrática no garantizaban la consolidación del régimen político.

b) El nivel de desarrollo impacta de manera significativa en la estabilidad democrática. En los países con mayor nivel de desarrollo económico la democracia tiende a durar más (Przeworski et al 2000, Geddes 1999)

c) En situaciones democráticas hay diferentes equilibrios. En sociedades igualitarias, la estabilidad democrática es resultado del acuerdo entre clases (Boix 2000), mientras que en sociedades desiguales (como en América Latina) depende de la protección de las élites.

d) Contra o sostenido por proposiciones bien conocidas en la literatura, los estudios macro-cuantitativos encontraron que el tipo de régimen político anterior, el tipo de transición, el momento y la secuencia de las reformas económicas, y los sistemas presidenciales no explicaban la quiebra democrática (la no consolidación). No obstante, en algunos pocos estudios de caso algunas de estas variables si tenían poder explicativo.

Dado que los procesos de consolidación democrática se analizaron en términos de la estabilidad democrática, el tema de los derechos de ciudadanía no estuvieron en el centro de este cuerpo de investigación. Por esta razón, al percatarse de algunos de los problemas asociados al funcionamiento y ejercicio del poder en las democracias, algunos autores señalaron que el concepto de consolidación democrática había dejado de ser útil pues no ofrecía un marco analítico para el estudio de los problemas prevalecientes –que trascendían el tema de la estabilidad– en las nuevas democracias, particularmente las latinoamericanas (ver O’Donnell 1996).

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1.3 Calidad democrática.

En muchas de las democracias instauradas durante la tercera ola de democratización, el tema central pasó de ser la sobrevivencia y la estabilidad de las instituciones democráticas a la forma en que operaban las instituciones democráticas. Este cambio atendió a un hecho empírico sobresaliente. En la mayor parte de las democracias latinoamericanas la transición democrática no trajo consigo el respeto efectivo de los derechos ciudadanos, particularmente en las clases más pobres. A diferencia de la realidad de la democracias avanzadas y contrastando con varias de las proposiciones centrales de la teoría democrática, en las democracias de América Latina el estado de derecho no está garantizado (O’Donnell 1992, 2002). El problema central es que, en contexto democrático, el estado no garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos de una proporción importante de la ciudadanía. En términos generales, pese a que muchas de las nuevas constituciones incorporaron nuevos derechos y garantías, los gobiernos no han sido capaces (o no han tenido la voluntad) de garantizar efectivamente tales derechos.

Por esta razón, dejando a un lado el molde tradicional de los estudios sobre consolidación democrática, Guillermo O’Donnell impulsó el término “calidad democrática”. El argumento central de O’Donnell (2004) es el siguiente: el régimen democrático es un componente esencial de la democracia, sin embargo, no el único. Para que un país sea considerado plenamente democrático, éste tiene contar con un estado democrático de derecho. A diferencia de la noción dahliana de la poliarquía, O’Donnell sugiere que la democracia no es un asunto exclusivo del régimen político, sino también del estado. Semejante al dictum de Linz y Stepan (“sin estado no hay democracia”), para O’Donnell el estado es condición necesaria de la democracia, pero no cualquier tipo de estado, éste tiene que ser un estado democrático de derecho.

En otro aspecto del argumento, O’Donnell sostiene que desarrollo humano y democracia están estrechamente relacionados. De hecho, la idea es que para que haya democracia la ciudadanía (agentes) debe gozar del respeto efectivo de los derechos humanos y contar con la infraestructura necesaria para su desarrollo humano. La realidad latinoamericana está configurada por países con elecciones libres y competitivas, pero en los que el respeto de los derechos humanos y los niveles de desarrollo humano son muy bajos. Por lo tanto, con algunas variaciones, en América Latina las democracias son de baja calidad.

Así pues, el término de calidad democrática ha sido un concepto que cubre todos los aspectos relacionados las deficiencias del funcionamiento del estado en regímenes democráticos (O’Donnell et al 2004, Diamond y Morlino (2005).

Una crítica plausible del argumento de O’Donnell sobre calidad democrática señala que, tal como se estipula, la calidad de la democracia se refiere a la dimensión del ejercicio del poder (estado) y no a la dimensión del acceso al poder (régimen político) (Mazzuca 2007). El punto fino es que la dimensión de acceso al poder se refiere a la dicotomía democracia versus autoritarismo, mientras que la dimensión del ejercicio del poder está relacionada con la dicotomía estado burocrático versus estado patrimonial. De acuerdo a esta distinción clásica, en estricto sentido, entonces, el concepto de calidad democrática es erróneo porque conceptualmente califica al régimen político (calidad democrática) pero sus referentes empíricos se anclan al estado. Por esta razón, Mazzuca (2007) sugiere trasladarnos del estudio de la democratización y del régimen político a los temas referentes al estado, a través de las categorías weberianas burocrático – autoritario.

En el uso estándar de los conceptos sobre consolidación y calidad democrática, el tema de los derechos humanos y el desarrollo humano encajan mejor bajo el paraguas de la calidad democrática. Sin embargo, la crítica de Sebastián Mazzuca desafía el uso actual del concepto de calidad de la democracia y sugiere categorías que podrían ser mucho mas útiles que las ya existentes. De hecho, una de las apuestas analíticas de Mazzuca es analizar el path dependence del patrimonialismo del estado en América Latina desde el enfoque de la sociología histórica. La idea central es que el funcionamiento de los estados contemporáneos en América Latina se explica a partir de su proceso de creación. Empero, subsiste el problema de que la transformación de las formas de acceso y ejercicio del poder colindan y se entrecruzan de tal forma en el estado que es difícil admitir una separación conceptual tajante sin considerar sus interrelaciones.

Por último, puede decirse que desde que O’Donnell introdujo el término calidad democrática, quienes adoptaron la idea han producido un debate conceptual importante , aunque un reducido volumen de investigación empírica sobre la misma. En consecuencia, sabemos que nuestras democracias son de mala calidad, pero no tenemos una clara teoría sobre sus causas.

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1.4 Más allá de la literatura.

Ambas ramas de la literatura han brindado un gran servicio a la explicación de la formación y, en buena medida, de los problemas que enfrenta la democracia para su institucionalización.

Ahora bien, el concepto de democracia que compartimos en este trabajo comprende no solamente al sistema electoral y de partidos aunque lo incluye, sino que trata de ir más allá hacia la idea de una constitucionalidad democrática, lo que vincula al régimen con el estado y en ésta línea con la preocupación por la calidad democrática y por el ejercicio del poder. No obstante a diferencia de la propuesta de Mazzuca de pensar el problema de la calidad a partir de la dimensión característica del estado: burocrático-patrimonialista, aquí la dimensión focalizada será la relativa a la constitucionalidad, tal como se la definió anteriormente.

Probablemente John Rawls ha sido el filósofo político que mejor ha definido el concepto: “un régimen constitucional [democrático] es aquél en que las leyes y las reglas deben ser consistentes con ciertos derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, aquellos comprendidos en el primer principio de justicia. Hay en él una constitución efectiva (no necesariamente escrita) con una carta de derechos que especifica esas libertades que son interpretadas por las cortes como límites constitucionales a la legislación” (Rawls, 2001: 145)

Una democracia constitucional contiene, pues, una canasta de “bienes” que no se limita a la libertad de elegir gobernantes y cambiarlos en elecciones periódicas, sino que es más exigente. Implica que la constitución, “no necesariamente escrita”, es decir, lo que denominamos “constitucionalidad”, comprenda la distribución de derechos y oportunidades entre los miembros de la sociedad, tanto para acceder al poder como para ejercerlo, aunque no formen parte de la organización del poder político. En efecto, el poder de hacer efectivos los derechos por parte del ciudadano no implica que este forme parte de la estructura institucional del régimen político, lo cual no significa que no ocupe un sitio en el ejercicio del poder, es decir, que forme parte del Estado directa e indirectamente. El aspecto cualitativo de la probabilidad de ocupación de este sitio se asocia a los derechos constitucionales de los que es portador y del grado y forma de su cumplimiento. O, utilizando la categoría central de este trabajo, a la dimensión de efectividad del conflicto constitucional

En esta línea de reflexión , probablemente las dos categorías de análisis que mejor expresen las características de la constitucionalidad, los tipos de equilibrios a los que nos enfrentamos en la región son: las características del texto constitucional en términos de incorporación de derechos (inclusivo o básico) y la efectividad (cumplimientos/vigencia)de los derechos enunciados (alta o baja). La intersección entre estas dos categorías nos remite a dos dicotomías que dan cuenta de diferentes equilibrios: incluyente/excluyente- cínico/sincero

El cambio de regímenes autoritarios por democráticos en distintos momentos del último tercio de siglo puso de relieve diferentes tipos de situaciones de conflicto entre las fuerzas emergentes con los sistemas políticos con elecciones democráticas y los marcos constitucionales y normativos preexistentes de diverso nivel y magnitud. En todos los casos, el denominador común fue la necesidad de adecuar el marco constitucional al cambio de régimen. Lejos de ser una obviedad, proponemos que es uno de los datos más significativos del cambio y de su naturaleza por ello nos centraremos en él.

Los procesos para la institucionalización de los derechos en las normas jurídicas y en los procedimientos mediante los cuáles se hacen efectivos no son indiferentes a su validez. Por una parte, “los derechos” deben entenderse como exigencias pasadas o actuales reclamadas legítimamente por individuos o grupos en marcos democráticos. Por otra, “el derecho” debe entenderse como la institucionalización en normas jurídicas de los derechos. Entre ambos puede haber coincidencias o brechas, contradicciones o soluciones de continuidad. La regularidad es encontrar una tensión entre ambos, más o menos intensa dependiendo de la madurez del sistema democrático, esta tensión, de alguna manera es la que expresa la noción de conflicto constitucional a la que hemos hecho referencia. Encontramos tensión por el texto constitucional (y por el cambio del texto constitucional) y tensión por la efectividad del mismo (por los resultados y por los procedimientos de garantía), por ello consideramos que una ruta de entrada para su análisis es el camino que recorren los derechos, que de alguna manera expresan los espacios de conquista ciudadanos, desde su incorporación al sistema jurídico hasta su garantía en la práctica.

Un fundamento conceptual básico que unifica en la democracia las variables que se reúnen en la noción de “derechos” es la credibilidad del compromiso (“credible commitment” (North, et. al 2009), en que cada parte en la interacción puede confiar en el respeto de los demás a dicho compromiso. En la medida en que esta confianza constituye una parte del medio social, el conflicto estratégico se reduce e, inversamente, a medida que está ausente se agudiza.

De manera estilizada, consideramos que el equilibrio derivado del conflicto constitucional, supone una distribución de derechos y prerrogativas (Holmes, 2008), además de obligaciones, que tienen a dos actores en el centro: las elites políticas y la ciudadanía, por llamarlos de alguna manera. Así, esta distribución puede ser favorable a los ciudadanos en la medida en que les hace corresponder derechos o capacidades o, por el contrario, favorable a las elites, favorables a ambos o desfavorables a ambos en esa correspondencia. Si tomamos en cuenta las dos categorías sugeridas anteriormente:

a) Característica del texto constitucional en términos de derechos: clasificado como básico: cuando el texto constitucional incluye un catálogo de derechos civiles, políticos y sociales, e incluyente cuando incluye además de éstos otros catálogos de derechos, y

b) Efectividad de los derechos constitucionalizados: clasificada como alta cuando cuando el nivel respeto de estos derechos es importante, esto es cuando la brecha entre el texto constitucional y la situación de los ciudadanos no es relevante; o baja cuando el nivel de respeto de los derechos tiene deficiencias, o en otras palabras la brecha entre el catálogo de derechos del texto constitucional y la situación de los ciudadanos es relevante.

Lógicamente los tipos equilibrios constitucionales posibles serían los

siguientes:

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 1

A continuación daremos cuenta de las características de la “constitucionalidad” en la región a partir del análisis de las dos dimensiones consideradas. En primer lugar describiremos las características de los textos constitucionales, en la medida en que expresan la resolución de la disputa por la constitucionalización de los derechos. En segundo lugar analizaremos las particularidades en la efectividad de los derechos. Finalmente, siguiendo el esquema analítico propuesto daremos cuenta de los tipos de equilibrios que encontramos en la región.

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2. Democratización, constituciones y derechos

De los 20 países que componen América Latina, 13 han realizado procesos consistentes de transición a la democracia a partir de los años 80 (las excepciones fueron: Colombia, Venezuela, Costa Rica, porque fueron regímenes democráticos estables y Cuba; Guatemala, Perú, Paraguay, que no podrían considerarse regímenes democráticos pues tuvieron episodios autoritarios por diferentes razones, a los cuales actualmente habría que agregar Honduras).

Si bien los países que tuvieron transiciones buscaron adecuar sus textos constitucionales, parece que los cambios constitucionales fueron el común denominador en la región más allá de los regímenes políticos de los países. El cuadro 1, ilustra acerca de las características de los cambios de los textos constitucionales en América Latina.

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 2

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Los cambios constitucionales parecen ser la regla antes que la excepción, ¿desde la perspectiva de los ciudadanos, qué nos muestran estos textos?, ¿Qué derechos incluyen?

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2.1 Texto constitucional y derechos

Cuando realizamos un repaso por los textos constitucionales en clave de derechos, en términos agregados observamos en general un reconocimiento generalizado de los derechos civiles, políticos y sociales, en tanto este reconocimiento decrece cuando de derechos ambientales, étnicos y de género se trata.

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 3

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Esta lectura agregada nos permite observar que en sus textos constitucionales los países de América Latina, independientemente del régimen político, comparten un reconocimiento de los derechos considerados básicos en términos del constitucionalismo liberal (derechos civiles) y para la democracia (derechos políticos), así como para garantizar las condiciones mínimas de igualdad (derechos sociales). Sin embargo no puede decirse lo mismo de otro grupo de derechos, como los étnicos, los ambientales y los de género, derechos que podríamos llamar nuevos y que expresan de alguna manera nuevos conflictos, algunos postmateriales y otros no, que atraviesan nuestras sociedades. Derechos que expresan una demanda por una ciudadanía diferenciada y por la racionalización de la actividad económica para hacerla compatible con la viabilidad del planeta.

Un análisis comparativo de las características del escenario constitucional en cada uno de los países muestra que sólo Bolivia y Ecuador a partir de sus nuevas constituciones han constitucionalizado la totalidad de los derechos que se han seleccionado en este trabajo. Cuba es otro caso interesante en la medida en que constitucionalmente se reconocen todos los derechos considerados con la única excepción de los étnicos. (Ver Anexo 1)

Dado que nuestro principal punto de interés son las democracias de la región, nos concentraremos en el análisis de la constitucionalización de los derechos en los regímenes democráticos y semidemocráticos. A este respecto, dado que las 20 constituciones de los países de la región incorporan algún grado de reconocimiento de derechos civiles, políticos y sociales, caracterizaremos como incluyente al texto constitucional que por lo menos incorpora otros dos tipos de derechos, y como básico al que incluye derechos civiles, políticos y sociales, más un tipo de otros derechos. El cuadro 4, ilustra la distribución del tipo de reconocimiento de derechos en los diferentes regímenes políticos de América Latina.

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 4

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De acuerdo con la tabla anterior parece que en América Latina prevalece un reconocimiento incluyente de los derechos en el texto constitucional independientemente del régimen político. Un buen ejemplo de esto es que los tres países que se caracterizan como autoritarismos (Cuba, Haití y Venezuela). En relación con este punto un hallazgo del trabajo es que el reconocimiento ampliado de los derechos no está asociado estrictamente al régimen político. Sin embargo, conceptualmente la diferencia en el régimen sí es indicativa del espacio constitucional de los ciudadanos. Dada la posibilidad de activar mecanismos de garantía de derechos jurisdiccionales, políticos y sociales (Abramovich et.al. 2003) es esperable que en una democracia esa constitucionalización tiene implicaciones diferentes que en un régimen no democrático.

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2.2 Efectividad de los derechos

Cómo ya hemos señalado, en América Latina, el reconocimiento constitucional de los derechos no parece ser el principal problema en términos de protección de los mismos. En clave de conflicto constitucional en cuanto al texto, el equilibrio que prevalece tiende a ser de tipo incluyente. Las disputas por el texto se resuelven a favor de una extensión del catálogo de derechos, o del espacio de los ciudadanos. A continuación nos concentraremos en la segunda dimensión de análisis la relativa a la efectividad de los derechos, a su protección en la práctica. En primer lugar se realizará un análisis del nivel de protección de los derechos civiles y del derecho a la integridad física y, en segundo lugar, un análisis de los derechos sociales. Para el análisis se utilizarán los índices construidos por Cingranelli y Richards para la medición del nivel de respeto de los derechos humanos en el mundo.

En relación con el primer grupo de derechos, de los cuáles la libertad de asociación y de expresión se consideran condiciones de posibilidad de las democracias, encontramos un dato alentador: las democracias en la región, más allá de sus deficiencias, son más protectoras de los derechos a la integridad física (tortura, asesinato extrajudicial, detenciones por motivos políticos y desapariciones) y de las libertades civiles (libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa y libertad de movimiento) que los autoritarismos. Aunque esto no significa que la situación de las democracias latinoamericanas sea óptima.

Al respecto no puede dejar de señalarse que la medición entraña cierto problema de endogeneidad, porque entre los indicadores utilizados para la clasificación de un régimen como democrático está el respeto de las libertades civiles, entre otros. No obstante, en la medida en que no sólo tomamos en cuenta las libertades civiles directamente vinculadas con el régimen político democrático (libertad de expresión y libertad de asociación) consideramos provechoso el ejercicio analítico en la medida en que permite ver qué grupos de derechos son más sensibles al régimen político. Como vemos en el cuadro 5, es claro que en las democracias latinoamericanas todos lo son, la libertad de expresión y la de asociación, son los que mejor desempeño presentan a nivel regional. Estos dos derechos, condiciones de posibilidad de la democracia, son los que mejor garantía reciben.

En consonancia con el modelo analítico propuesto, clasificaremos como alta y baja la protección de los derechos civiles en las democracias. Para la clasificación se construirá un índice sumatorio simple de protección de derechos civiles en el que se adicionan todas las medidas de los derechos considerados. Así la escala de protección de derechos civiles oscilará entre 0 y 16. Se considerará alta la protección en los casos que se ubiquen por encima del promedio regional (9.78/16), y baja cuando los casos se encuentren por debajo de éste (9.77 o menos) Se considerará una zona gris de un desvío Standard hacia arriba y hacia abajo del promedio. Así tendremos casos de alta y baja protección en zona gris.

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 5

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En relación con este punto puede observarse que si bien las democracias tienen asignaturas pendientes en términos de derechos civiles y de los derechos a la integridad física, las mismas constituyen un entorno más respetuoso de estos derechos que los autoritarismos. Como puede observase en el cuadro anterior el desempeño de las democracias es en todos los casos mejor que el de los autoritarismos. Otro aspecto interesante que merece la pena resaltarse es que a nivel regional los dos grupos de derechos en que el promedio permite calificar a los países en una alta protección de derechos, son libertad de asociación y libertad de expresión y prensa. Ambos derechos están vinculados de manera inherente con el régimen político democrático, en tanto dichas libertades son condiciones de posibilidad de las democracias aún tomando una definición minimalista de la misma. Retomando la preocupación principal del presente trabajo, en este punto puede señalarse que sería previsible un escenario de conflicto constitucional más centrado en la protección de estos derechos que en su constitucionalización.

Así, el mosaico regional de protección de los derechos civiles es el mostrado en el cuadro 6.

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 6

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El cuadro 6 es elocuente, la mayor parte de los países que se clasifican de esta manera se encuentran en lo que denominamos zona gris, esto es en la zona límite entre la baja y la alta protección. Esta característica, podría interpretarse como la existencia de un sistema de protección de derechos endeble, o en términos de espacio de los ciudadanos como un ámbito de libertades garantizadas pero no de manera concluyente. (Para una descripción de cada país caracterizado como democracia ver Anexo 2.)

En relación con el otro grupo de derechos, los derechos sociales de los trabajadores y de las mujeres, también se han tomado como indicadores las medidas producidas por Cingranelli y Richards de derechos sociales de las mujeres y derechos sociales de los trabajadores. Como en el caso de los derechos civiles, se ha elaborado un índice sumatorio simple de la protección de derechos sociales que incluye la medida de los derechos sociales de las mujeres y las de los trabajadores. Así la escala de medición de la protección de los derechos sociales irá de 0 a 5. Donde 5 es mayor protección y 0 ausencia de protección. Se considerará que la protección es baja cuando la puntuación del caso se encuentre por debajo del promedio de las democracias de la región (2.56), esto es cuando oscile entre (2.55 y 0) y se la considerará alta cuando el caso se ubique por encima del promedio de la región (2.56 -5). Como en el caso de los derechos civiles la zona gris se considerará equivalente a un desvío Standard.

Las democracias también parecen ser un poco más prometedoras respecto de este grupo de derechos que los autoritarismos. Mientras se observa una mejora en los derechos de los trabajadores, no se registran diferencias significativas relativas a los derechos sociales de las mujeres. Podría pensarse en este punto que estos derechos que no están directamente vinculados con la democracia, esto es, que no son inmediatamente necesarios para su funcionamiento, quedan relegados en las mismas, dependiendo en todo caso de la capacidad de movilización legal y social del grupo de que se trate.

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 7

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Si ahora nos concentramos en los países democráticos, se confirma lo señalado anteriormente: hay una distribución casi equitativa entre países con protección baja y alta. (Las particularidades de cada país se presentan en el anexo3)

Si bien existen diferencias significativas entre los países, otra vez el color que predomina en la distribución es el gris. La mayor parte de los países se distribuyen en lo que dimos en llamar zona gris de la distribución, en otras palabras están a menos de un desvío Standard del promedio.

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 8

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En síntesis, los datos presentados muestran un mosaico de situaciones entre los países democráticos de la región aunque el color que predomina, si pensamos en una escala que va de blanco a negro, es el gris. No puede dejar de destacarse que los derechos que presentan un mayor nivel de protección son la libertad de asociación y la libertad de expresión, derechos que constituyen condiciones de posibilidad de la democracia. En este punto, parece claro que si bien el régimen importa para los derechos, hay derechos para los que importa más que para otros. Podemos aventurar la idea de que son regímenes mejor preparados, a pesar de su insipiencia al respecto, para proteger la libertad que para propiciar la igualdad.

Hecho el análisis anterior e identificadas las diferencias entre los niveles de protección de los derechos civiles y los sociales, y a fin de avanzar en el análisis de la credibilidad del compromiso constitucional se construirá una medida integral de protección de derechos sumando las medidas de protección de derechos civiles y derechos sociales. El índice oscilará entre 0 y 31. Para que el peso de cada grupo de derechos sea equivalente se multiplicará por tres la medida obtenida en materia de derechos sociales. Consideraremos que la protección es alta cuando se ubique por encima del promedio (31-17.52) y baja cuando oscile entre 17.51 y 0. Zona gris, en este caso, será la ubicada a un desvío Standard del promedio (2.25). (Para descripción por países ver Anexo 4.)

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 9

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Hecha esta descripción de la distribución de los países según el nivel de protección de derechos buscaremos identificar las diferentes constitucionalidades, o equilibrios existentes en la región, de acuerdo con el modelo analítico presentado más arriba.

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2.3 Constitucionalidades. La credibilidad del compromiso

Qué tipo de constitucionalidad prevalece en la región. ¿Qué tipo de espacios han abierto se han abierto (o cómo se han abierto) para los ciudadanos desde qué éstos pueden elegir a sus gobernantes?

Tal como indicáramos, nuestro principal interés era analizar las democracias de la región en clave de conflicto constitucional, o a partir de los equilibrios resultantes, o de las constitucionalidades resultantes, medidas como la combinación entre los derechos constitucionalizados y la efectividad de los mismos. Para ello caracterizamos a los textos constitucionales como básicos o incluyentes según el catálogo de derechos que contuvieran y como alta o baja la protección de derechos, tomando en cuenta derechos civiles y derechos sociales.

El escenario resultante es el siguiente:

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro 10

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3. Algunos comentarios finales

Probablemente el principal hallazgo del trabajo es que la región oscila entre el cinismo y la inclusión, aunque hay pinceladas de sinceridad y de exclusión. Los textos constitucionales son textos abigarrados. La inclusión es una buena noticia para los ciudadanos y en este escenario se pueden aventurar disputas para hacer efectivos nuevos derechos, activación de mecanismos sofisticados de protección de derechos. El cinismo, en cambio, dista de ser una buena noticia para los ciudadanos en la medida que expresa los bajos niveles de credibilidad del compromiso. En estas democracias cínicas, en este equilibrio cínico, el elemento desequilibrante probablemente sean coyunturas críticas en que la sociedad se haga visible de tal manera que las elites no tengan más alternativa que desarrollar políticas para hacer efectivas las promesas constitucionales.

Ello permite avizorar que el conflicto constitucional, tal como ha sido definido conceptualmente y en sus dos niveles (texto y cumplimiento), seguirá presente en la región. Más aún, es probable que se vuelva creciente, en la medida en que los derechos civiles son un terreno propicio para organizar el reclamo por nuevos derechos o por el cumplimiento de los existentes. Dicho de otra forma, para transitar de los cuadrantes de la exclusión y el cinismo al de la inclusión y la sinceridad. Además, como sería previsible, estos conflictos estarán relacionados con la vinculación en el imaginario social, que creemos será creciente, entre libertad e igualdad.

Naturalmente, el conflicto podrá conducir a encontrar nuevos equilibrios indicativos no solamente del cambio político democrático, sino de las posibilidades que la democracia permite abrir para mejorar el bienestar social o, por el contrario, podrá representar un motivo de endurecimiento político y, eventualmente, de regresión autoritaria. No obstante, los indicadores hablan de una diversidad de situaciones difícil de homologar bajo una sola concepción abarcadora para toda la región en cuanto a la dirección que tomará su desarrollo político, pero que coinciden en exhibir la dificultad para construir estados más acercados a la idea de democracia constitucional.

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Bibliografía

Ansolabehere, Karina (2007) La política desde la justicia: cortes supremas, gobierno y democracia en Argentina y México. México, D.F., FLACSO : Fontamara.

Boix Carles, (2000) Democracy and Redistribution, Cambridge, Cambridge University Press.

Abramovich, V, Añón M.J ; Courtis, C (comps.) (2003) Derechos sociales: instrucciones de uso, México, Fontamara,.

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Anexos

Anexo 1. Reconocimiento constitucional de derechos por países (en el texto constitucional vigente)

ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro A1

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ValdeÌs y Ansolabehere_cuadro A3

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